Al centrarse en la persona menor de edad infractora y atender el interés superior de las infancias, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes generó un componente de protección a las personas inculpadas de delitos –incluidos los graves, como el feminicidio–, al establecer como pena máxima 5 años de prisión y no obligarles a “reparar el daño” a las familias. Esto no sólo genera impunidad, sino que colisiona con la Ley General de Víctimas y violenta derechos humanos. Ello, porque deja completamente a la deriva la justicia y la reparación integral.
Cuando Sacrisanta Mosso Rendón encontró los cuerpos sin vida de su hija Karen –de 17 años de edad– y su hijo Erik –de 12 años–, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes tenía dos meses de haber entrado en vigor en todo el país. Los hechos se suscitaron en el municipio de Ecatepec, Estado de México, mientras la madre se encontraba trabajando para brindar sustento a sus hijos.
Un niño que asesinó a otra niña
“A mi hija le gustaba contemplar las aves. Colocaba su mesa en la puerta de la casa y ahí se ponía a estudiar. Pasaba largas horas concentrada. Era muy empeñosa y le tiraba a lo grande. Decía que si hasta los pájaros sin comer cantan, ¿por qué los hombres no cantan y dan su mejor esfuerzo si tienen para comer?”, narra, nostálgico, Pedro Hernández Martínez, padre de Nazaret. Rememora a su hija de 15 años, quien estuvo en calidad de desaparecida durante 5 días antes de ser localizada sin vida.
Nazaret fue asesinada por Alejandro N, un compañero de escuela que la acosó durante todo un semestre sin que la niña diera parte a nadie en la escuela –ubicada en la zona conurbada del Estado de México– donde estudiaba la preparatoria y vivía como becada interna. Sólo lo comentó con el señor Pedro, su padre, con quien seguía teniendo una profunda cercanía aunque él se encontraba en la huasteca hidalguense. Ambos acordaron no darle importancia al asunto y enfocarse en lo que valía la pena: “a lo que fuiste hija, a estudiar”.
Cuando realizó el reconocimiento del cuerpo de Nazaret, don Pedro apenas alcanzaría a imaginar el calvario que recién estaba emprendiendo en la búsqueda de justicia para su hija. Suplicio que concluyó con una sentencia de poco más de 5 años para el feminicida, Alejandro N, de apenas 15 años, debido a los agravantes que pudieron imputársele.
Después vino la indicación: “pase a la siguiente ventanilla”, para lograr la reparación del daño. Fue el 10 de marzo de 2022, más de dos años después del crimen, que el señor Pedro y su familia ingresaron al padrón de víctimas y ofendidos de la CEAVEM, luego de incontables audiencias y diligencias a las que le tomaba un día entero de viaje para llegar. La última esperanza de la familia sería recibir la compensación subsidiaria que brinda el Estado, ya que el padre del menor que privó de la vida a su hija se declaró insolvente para realizar la reparación económica.
Espiral de violencia
Para Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Redim, el análisis a las violencias y delitos cometidos por personas adolescentes debe hacerse de manera integrativa, considerando cuales son las deficiencias o falencias que vivieron esos chicos y chicas antes de cometer estos delitos.
“La respuesta no sólo no está en la inmediata romantización de la narcocultura, sino que hay tantas expulsiones que viven las niñas y niños: se les expulsa de la escuela, se les expulsa del salón, se les expulsa de la familia, se les expulsa de la calle. Al final un espacio de pertenencia puede ser el de la delincuencia o el crimen organizado. Si tú vives violencia, fronteras, rechazos, el lugar en el que no te enfrentas a ello es el lugar al que perteneces, y los adolescentes necesitan tener un espacio de pertenencia, sea el que sea.”
La especialista en derechos humanos y primera mujer en encabezar esta la Redim considera que las violencias y delitos cometidos por personas menores de edad es un tema del que la sociedad debe corresponsabilizarse, además de contemplarse mecanismos alternativos de solución de conflictos, hacia una justicia más cívica y menos punitivista.
Por su parte, la doctora en sociología Luz Elena Martínez García –de la Universidad Autónoma de Coahuila– considera que las y los adolescentes únicamente son reproductores de una violencia estructural que viven de manera cotidiana y la ley penal para adolescentes no corresponde con la realidad actual del país, lo que pudiera explicar el incremento en delitos cometidos por este grupo.
“Esta ley no está armonizada con la realidad nacional contemporánea, sobre todo porque precisamente sí está hecha, aparentemente, desde criterios clínicos, de comprensión de cómo se estructura el cerebro, la conducta y la percepción de la realidad de los adolescentes. Entonces la aplicación de la ley de acuerdo con los grupos etarios diseñados no corresponde al abordaje sistémico que debería tener su aplicación”, apunta.
Entre tanto las madres, padres, hermanas y hermanos de las víctimas buscan cada día motivos para continuar la vida y seguir su lucha, construyen redes de apoyo con otras víctimas y tratan de entender cómo una persona de la misma edad que sus hijas pudo convertirse en un feminicida.
Lídice Martínez Aguirre*
*Profesora-investigadora de la Preparatoria Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo y estudiante de la maestría en periodismo digital en la UDG Virtual.
