La privación de la libertad, es por mucho el peor castigo que un ser humano puede recibir, solo por debajo de la muerte.
El estado mexicano tiene la obligación de proporcionar las condiciones de seguridad y bienestar necesarias para las personas que son privadas de su libertad, procurando así que los procesos de reinserción social y rehabilitación sean efectivos.
Para los adolescentes el impacto es mil veces mayor porque las medidas de reclusión afectan su desarrollo integral, por tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen que la privación de la libertad debe ser considerada como la última medida a tomar y a su vez, debe ser por el menor tiempo posible, procurando así que las medidas y sanciones que se ejecuten sean en beneficio de los adolescentes y su entorno más cercano.
El “Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México”, publicado por Unicef, menciona que en nuestro país se sancionan anualmente a más de 4,500 adolescentes, los cuáles al haber cometido delitos graves, reciben sanciones privativas de la libertad hasta por 5 años.
